REELECCIÓN DÍA TRES

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(Tomado de El Tiempo)

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural les quitó 10 mil hectáreas a negritudes del Chocó


Siete meses bastaron para que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) cambiara radicalmente su posición frente a los cultivos de palma en los territorios de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, entre el Urabá chocoano y antioqueño.

En marzo de este año dijo, refiriéndose a empresarios de la palma de aceite, que "desconociendo el carácter no enajenable de estas tierras", adjudicadas en titulación colectiva a comunidades que las habían habitado ancestralmente y víctimas del desplazamiento, "desarrollaron una masiva compraventa de predios y mejoras". Y concluyó que este proceso carecía de "validez jurídica".

Ahora asegura que 10.162 hectáreas son de propiedad privada y "deben descontarse de los títulos colectivos adjudicados a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó".

En el 2000, tres años después de un éxodo masivo de los habitantes de esa zona por la guerra entre paramilitares y guerrilleros, el liquidado Incora hizo la titulación colectiva sobre 101 mil hectáreas que las comunidades ocupaban antes de la huida, para sacarlas del mercado de la tierra. Lo hizo con base en la Ley 70 de 1993.

Pero cuando los desplazados empezaron a regresar, se encontraron con que sus parcelas estaban cultivadas con palma de aceite o dedicadas a la ganadería. Muchas estaban sembradas con coca. Detrás de esta ocupación, según las denuncias avaladas por la Iglesia Católica y varias ONG, estaban ‘paras’ que impulsaban un gran proyecto agroindustrial.

El proceso, según Ventura Díaz, consejero de Paz del Chocó, transcurre así: "Grupos armados matan a un líder negro, después amenazan a la comunidad y se quedan con sus tierras para sembrar palma aceitera".

La situación provocó incluso pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron al Estado colombiano "adoptar sin dilación medidas para proteger la vida e integridad personal, y prevenir la comisión de daños irreparables en perjuicio de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó". Aún así, estas podrían perder otras 10.000 hectáreas sobre las que hay reclamos de particulares.

El Gobierno admite que pudo equivocarse al adjudicar las 101 mil hectáreas, pues asegura que encontró legales algunos títulos privados en la zona entregada.

Sin embargo, la Iglesia del Chocó y las comunidades alegan que la titulación a privados ha pasado hasta por la falsificación de firmas y documentos de propiedad.